Una constante en lo que al uso de robots en empresas e instituciones públicas se refiere es la de evitar que estos puedan ser potencialmente peligrosos. No solo por una cuestión de derechos humanos, sino por la problemática que supone que uno de estos robots tenga capacidad para matar.
La medida se someterá a votación a principios de la semana que viene, y para salir adelante debe contar con la aprobación de la Junta de Supervisores.
La cuestión viene de lejos, cuenta el diario Mission Local. Según este rotativo, Aaron Peskin, miembro de la Junta, intentó inicialmente que la policía incluyera en el documento la frase: "Los robots no se utilizarán como uso de la fuerza contra ninguna persona"
La propuesta fue rechazada inicialmente por el revisor de la Junta de Supervisores, Aaron Peskin quien escribió que “los robots no se utilizarán como uso de la fuerza contra ninguna persona”. Posteriormente, la Policía de San Francisco rectificó el borrador de la solicitud tachando el texto de Peskin para detallar de que los robots solo actuarían en condiciones especiales. En concreto, cuando existiera “el riesgo de pérdida de vidas para los miembros del público o los oficiales es inminente y supera cualquier otra opción de fuerza disponible para SFPD”
El motivo por el que se están debatiendo ahora estas cuestiones tiene nombre: AB 481, una ley estatal aprobada recientemente y que obliga a las policías de California a informar de cuántas armas tienen, cuánto han costado y cómo se están utilizando, entre otras cosas.
Aunque muchos expertos en EEUU entienden que la ley va en la dirección correcta a la hora de garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la fuerza de las autoridades, no pocos están subrayando algunas de sus limitaciones.
